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La organización Súmate explicó en un comunicado que el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela en materia electoral, establece sanciones administrativas y penales para quienes infrinjan las normas que prohíben el adelanto de la campaña electoral y/o utilicen bienes y recursos del Estado en beneficio de parcialidad partidista cualquiera, en detrimento de otras opciones políticas.
Súmate aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios para enfrentar estas violaciones al ordenamiento jurídico por parte del Presidente de la República y de otros funcionarios, "que vienen utilizando su investidura y bienes públicos en favor de su parcialidad política".
Explicó que el CNE debe exigir a la Contraloría General y a la Fiscalía General de la República estar solícitos y vigilantes para abrir las investigaciones administrativas y penales a los funcionarios y aplicar los correctivos correspondientes, no importando su jerarquía, cargo o tendencia política, en cada caso en que utilicen recursos y bienes del Estado en la realización de actos explícitamente proselitistas con miras a las elecciones de 2012.
Fuente: El-Nacional.com
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